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Suministro eléctrico Administraciones Públicas y Servicios Esenciales
07/04/2014
Suministro eléctrico Administraciones Públicas y Servicios Esenciales La Ley del Sector Eléctrico (Ley 24/2013, en adelante LSE) establece que nunca ("en ningún caso") podrá suspenderse el suministro a las instalaciones de las Administraciones Públicas (amén de las de otras entidades) cuyos servicios hayan sido declarados como esenciales (art. 52).


Piénsese que estamos hablando del alumbrado público, bomberos, protección civil, policía municipal, transportes de servicio público.


Pero téngase en cuenta, también, que tales servicios deben declararse esenciales; dicho de otro modo, no lo son "per se".


El desarrollo reglamentario de tales previsiones legales se encuentra esbozado en el Proyecto de Real Decreto "por el que se regula la actividad de comercialización y las condiciones de contratación y suministro de energía eléctrica" (en adelante, PRD). 


Ahí se establece que las AA. PP. han se solicitar al Ministerio de Industria, en el plazo de cuatro meses desde la entrada en vigor del proyectado Real Decreto, la consideración de esencialidad y que, una vez acreditado el cumplimiento de cuanto se precise en dicho texto, tales puntos de suministro se han de incluir en un Listado de Puntos de Suministro Esenciales; además, los suministros que no figuren en tal Listado dejarán de ser considerados esenciales (Disposición Transitoria Segunda). 


Más allá de que la, en su momento existente, Comisión Nacional de la Energía, en su informe preceptivo (Informe 25/2013) ante el PRD, se haya pronunciado en contra de tal Listado, pues entiende que no puede condicionarse a la inclusión en un listado la aplicación de una condición establecida en la LSE (la no suspensión del suministro), lo cierto es que ahí estará dicho listado si no se modifica el texto reglamentario proyectado .


Y las repercusiones de toda esta regulación son de gran trascendencia pues tiene relación:


1º: con la suspensión del suministro a dichos puntos, lo que, evidentemente, es muy importante, y


2º: con las interrupciones programadas de suministro, también de gran trascendencia y que, además, es materia relativa a la calidad del servicio que, no se olvide, es susceptible de pacto con la empresa distribuidora. 


La naturaleza de la comentada inscripción en el Listado es constitutiva de la esencialidad, pues para obtener y mantener los derechos asociados a la consideración de suministro esencial será condición necesaria tal inscripción (art. 53 del PRD).


Se regula, por tanto, la solicitud de inscripción y la documentación, mínima, a acompañar a la misma, entre la que se debe destacar la relativa a la identificación del punto de suministro y a la descripción de la actividad, y la correspondiente a la justificación de encontrarse el punto de suministro entre los supuestos de servicios esenciales que se establecen. 


Adviértase que la solicitud de inscripción puede ser desestimada, con los conflictos a que ello pueda conducir.


Además, el titular del punto de suministro tiene la obligación de informar sobre todo cambio que pueda implicar la pérdida de la condición de esencial.


Por otra parte y abundando en el control que sobre esta cuestión está previsto, debe tenerse en cuenta que el Ministerio de Industria, de oficio o a instancia de parte, podrá inspeccionar los servicios, pudiendo existir penalizaciones y pérdida de la condición de esencialidad (art. 54 del PRD).


¿Qué ocurre en caso de impago por las AA. PP. del precio del suministro al punto de suministro esencial?  


En primer lugar (y al margen de la regulación prevista al efecto en la Ley de Contratos del Sector Público, cuestión, por cierto, criticada negativamente por la CNE), si el impago se prolonga más allá de los dos meses siguientes al requerimiento fehaciente de pago comenzarán a devengarse  intereses de demora equivalentes al legal del dinero más 1,5 puntos.


En segundo lugar, si transcurrieren seis meses desde dicho requerimiento de pago y la situación no hubiere variado, el suministro perderá la condición de esencialidad.


En tercer lugar, y una vez dado de baja el suministro del Listado, la comercializadora podrá solicitar a la distribuidora la suspensión del suministro.


Ahora bien, estas previsiones reglamentarias de pérdida de la condición de esencialidad y de posible suspensión del suministro chocan frontalmente con la legal, ya vista, de que en ningún caso podrá suspenderse el suministro a las instalaciones cuyos servicios hayan sido declarados como esenciales. Es indudable que, de no corregirse en este aspecto el PRD, su aplicación será fuente de conflictos.


En cuarto lugar, las AA. PP. se enfrentan a que se les deniegue su derecho a contratar, pues se les podrá extender las consecuencias jurídicas del impago de un suministro a todos los demás suministros de los que sean titulares (respecto a contratos relativos a esos otros puntos de suministro podrán ver denegadas sus solicitudes de modificaciones, de cambios contractuales, etc.).


Nótese, por tanto, hasta qué punto se eleva la protección de los intereses de las comercializadoras pues, además del derecho que les otorga la previsión normativa que se acaba de ver, también pueden pretender cobrar sus créditos accionando judicialmente y, además, pueden afectar cualquier pago del titular del servicio al abono de las facturas impagadas de servicios esenciales, como a continuación analizamos.


La quinta consecuencia para las AA. PP. morosas sería, como se acaba de apuntar, que la comercializadora afectare cualquier pago de aquéllas, destinado a otro tipo de suministro distinto al esencial, al abono de las facturas correspondientes a dichos servicios. Es éste, por lo demás, un derecho ya reconocido en la LSE. Pero resulta que el PRD extiende tal derecho al abono de los intereses de demora, ampliación de derecho que no contempla la citada Ley y que, como ha criticado la CNE, no viene amparada por norma con rango suficiente, pues no puede olvidarse que si el artículo 1.172 del Código Civil previene todo lo contrario a lo que establece la LSE ésta tiene rango legal suficiente para contradecir a aquél pero no así un Real Decreto.


Un electrizante saludo.








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