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Notas para una suerte de análisis de impacto normativo de la constitución de una Central de Contratación para la celebración de un Acuerdo Marco para la contratación del suministro de energía eléctrica (Primera Parte)
Notas para una suerte de análisis de impacto normativo de la constitución de una Central de Contratación para la celebración de un Acuerdo Marco para la contratación del suministro de energía eléctrica  (Primera Parte) I.- INTRODUCCIÓN.-


Si bien es cierto que el Real Decreto 1.083/2.009, de 3 de julio, por el que se regula la memoria del análisis de impacto normativo (y que desarrolla las previsiones contenidas en los artículos 22.2 y 24.1.a) y 24.1.b), párrafo segundo, de la Ley 50/1.997, de 27 de noviembre, del Gobierno), no es aplicable en el presente caso, no es menos cierto que resulta muy útil introducir la decisión administrativa de constituir una central de contratación para la celebración de un acuerdo marco para la contratación del suministro de energía eléctrica con base en alguno de los criterios utilizados por tal norma.


A partir de ahí, también resulta aprovechable la Guía Metodológica para la elaboración de la memoria del análisis de impacto normativo, elaborada por el Ministerio de la Presidencia en el año 2.010 (en cumplimiento de lo establecido en la Disposición Adicional Primera del citado Real Decreto).


Y también, evidentemente, serán inspiradores los principios de buena regulación de la Ley 2/2.011, de Economía Sostenible. En particular, el principio de necesidad (la iniciativa debe estar justificada por una razón de interés general) y el principio de transparencia (en cuya aplicación deben definirse claramente los objetivos de la propuesta y su justificación).


En el sentido de todo lo apuntado hasta ahora, parece muy necesario: a) justificar la oportunidad de la propuesta de constituir una central de contratación para la celebración de un acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica, y b) analizar el efecto que sobre la competencia tendrá dicha propuesta (si bien lo que propiamente se hace respecto a esta última cuestión es comentar ciertas medidas a tener en cuenta en el procedimiento de contratación pública para facilitar la efectiva competencia durante el mismo; de tal manera que, de adoptar tales medidas, el efecto que la propuesta tendrá sobre la competencia será positivo). 


Además, otro de los citados principios de buena regulación (aunque no es propio del análisis de impacto normativo), el principio de accesibilidad (su garantía), podría entenderse, en el presente caso, que exige establecer mecanismos de consulta con los agentes implicados que estimulen su participación activa en el proceso de elaboración de la propuesta. Este principio (su garantía), por tanto, puede sustentar el contacto con comercializadoras para conocer su criterio sobre un proceso de contratación lo más favorable posible para la libre competencia, esto es, para una competencia adecuada entre licitadores que comporte unos resultados más ventajosos, en términos de menor precio, para el órgano adjudicador.


II.- OPORTUNIDAD DE LA PROPUESTA.-


1.- Motivación.-


Se trata de exponer las razones que justifican la propuesta y de describir la situación sobre la que pretende incidir. 


Como se ha apuntado, uno de los principios de buena regulación previstos en el artículo 4 de la Ley 2/11, de Economía Sostenible, es el principio de transparencia en cuya aplicación debe definirse la justificación de la propuesta.


a).- Causas de la propuesta.


La realidad actual de la contratación pública del suministro eléctrico tiene una triple vertiente:


Por un lado, una gran ausencia de todo procedimiento ajustado a la regulación de la contratación del sector público.


Por otro lado, los casos de contratación ajustada a la norma son dispersos y, además, algunos resultan exitosos pero otros no; todo ello supone un desperdicio de recursos públicos.


Por último, la naturaleza del mercado de la comercialización de la energía eléctrica no ayuda ni a que las comercializadoras concurran a la licitación ni a que, aun concurriendo, compitan en precio.


b).- Interés público que se ve afectado por la situación y en qué sentido. 


Como ya se ha dicho, otro de los principios de buena regulación previstos en el artículo 4 de la Ley 2/11, de Economía Sostenible, es el principio de necesidad: la iniciativa debe estar justificada por una razón de interés general.


En primer lugar, el Estado de Derecho resulta perjudicado pues la ausencia del procedimiento de contratación legalmente instituido favorece la inseguridad jurídica.


En segundo lugar, el presupuesto público no se gestiona adecuadamente desde un doble punto de vista:


De un lado, en los casos en que sí se desarrolla un procedimiento de contratación adecuado existe una dispersión de poderes adjudicadores y, además, muchos procedimientos resultan fallidos.


De otro lado, no se consiguen ahorros a través del precio de la energía consumida (y ello tanto en los casos de contratación acorde con su norma reguladora como en los que no es así y que son una gran mayoría).


c).- Por qué es el momento apropiado para hacerlo.


Porque la legislación impone una obligación de contratar siguiendo unos concretos cauces.


Porque la actual angustiosa situación económica de nuestras Administraciones Públicas exige un mayor rigor en el gasto público.


Porque la exigencia de eficacia en la actuación de la Administración Pública reclama, en punto a la contratación del suministro de la electricidad, un criterio claro ante la actual situación del sector eléctrico. 


2.- Objetivos.-


También en aplicación del ya citado principio de transparencia se deben definir los objetivos de la propuesta.


Estos objetivos son:


-Cumplimiento de las normas aplicables a la contratación del sector público.


-Simplificación del procedimiento de contratación pública para los poderes adjudicadores que se adhieran y consiguiente reducción de gastos.


-Obtención de ahorros en el precio de la energía.


(Fin de la Primera Parte)


U. e. s.


Ramón Alegre Espert



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19/08/14 13:18
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