Utilizamos cookies de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información, o bien conocer cómo cambiar la configuración, en nuestra Política de cookies
Cerrar
Blog
Incidencia de la investigación por ayudas de Estado en los pleitos contra los recortes a las renovables
04/05/2015
Incidencia de la investigación por ayudas de Estado en los pleitos contra los recortes a las renovables Ha sido noticia estos días que la Comisión Europea ha iniciado una investigación sobre las ayudas públicas que conceden España y otros diez países a las compañías eléctricas. Y lo ha sido también que la Abogacía del Estado, como consecuencia del inicio de esta investigación, se ha apresurado a solicitar la suspensión de todos aquellos pleitos que se siguen contra las reformas eléctricas destinadas a recortar las primas a las renovables, hasta que la Comisión resuelva la investigación iniciada. La pregunta que cabe hacerse es qué incidencia puede tener la investigación iniciada por la CE en los pleitos sobre los recortes a las renovables. En particular, cómo puede incidir en los incentivos tanto abonados como pendientes de abonar a las entidades promotoras.
A esta cuestión se refiere la Comunicación de la Comisión Europea relativa a la aplicación de la normativa sobre ayudas estatales por los órganos jurisdiccionales nacionales. Esta Comunicación regula entre otras cuestiones las medidas cautelares que deben adoptar los órganos jurisdiccionales nacionales en los procesos que tramiten, con el fin de evitar el otorgamiento de ayudas que pudieran ser declaradas ilegales. Y se aborda el supuesto en que la investigación de la Comisión sobre ayudas de estado es simultánea a un proceso seguido ante los órganos jurisdiccionales nacionales, como sucede en el caso que nos ocupa. En este supuesto, se dice en la Comunicación, el órgano jurisdiccional nacional no puede limitarse a suspender su propio procedimiento hasta que la Comisión se pronuncie. No obstante, si el órgano jurisdiccional nacional decidiese esperar al resultado de la evaluación de la compatibilidad por parte de la Comisión, deberá adoptar las medidas cautelares pertinentes.
Las medidas cautelares previstas en la Comunicación, varían en función de si todavía no se ha desembolsado la ayuda, pero existe el riesgo que se desembolse durante el proceso, o si ha sido ya desembolsaba. En el caso de las ayudas a las renovables es sabido que se han abonado ya una parte y quedan por abonar otra parte importante, habida cuenta que está previsto que los pagos se prolonguen durante veinticinco años.
La medida cautelar a adoptar por los órganos jurisdiccionales nacionales respecto de las ayudas pendientes de abono, consistirá, de acuerdo la Comunicación, en impedir el desembolso de las ayudas hasta que se resuelva el fondo del asunto, De manera que el Tribunal Supremo podría cautelarmente impedir el desembolso de las ayudas pendientes de pago, con todo lo que ello supondría para ya la maltrecha situación económica de las empresas titulares de instalaciones renovables en funcionamiento.
Para el supuesto de ayudas ya desembolsadas, y cuando, como es el caso, los procedimientos ante el órgano jurisdiccional nacional transcurran simultáneamente a una investigación de la Comisión, la medida cautelar consistirá en ingresar los fondos ya abonados en una cuenta bloqueada. De manera que si la Comisión considerase la ayuda incompatible, el órgano jurisdiccional nacional debería ordenar que los fondos ingresados en la cuenta bloqueada se devuelvan a la autoridad que concedió la ayuda. Y en el caso de que se declarase compatible la ayuda, el órgano jurisdiccional nacional quedaría exonerado de su obligación de pedir la recuperación íntegra.
Conviene señalar que el Tribunal Supremo viene aplicando los criterios contenidos en esta Comunicación, pues aunque considera que no son imperativos ni vinculantes para los órganos jurisdiccionales nacionales, entiende que no pueden ser desconocidos en la medida que recogen la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al respecto.
Veremos, pues, que es lo que resuelve el Tribunal Supremo en relación con la solicitud formulada por la Abogacía del Estado al hilo de la investigación iniciada por la Comisión sobre las ayudas de estado a las empresas eléctricas, incluidas las que producen energía procedente de fuentes renovables. La eventual adopción de las medidas cautelares previstas en la Comunicación – consistentes en impedir el otorgamiento de las ayudas pendientes de ser abonadas o ingresar los fondos ya abonados en una cuenta bloqueada- podría tener graves consecuencia económicas para las empresas que han promovido instalaciones para la generación de energía renovable.
Por último, no hay que olvidar el criterio mantenido por el Tribunal Supremo en las recientes sentencias dictadas en el asunto ELCOGAS, interpretando que constituyen ayudas de estado los importes atribuidos a una empresa privada productora de electricidad que se financian por el conjunto de los usuarios finales establecidos en el territorio nacional y que se distribuyen a las empresas del sector eléctrico por un organismo público. 
La aplicación de esta jurisprudencia a las renovables, podría dar lugar a que el Tribunal Supremo, al igual que ha hecho en el asunto ELCOGAS, reconduzca los pleitos pendientes promovidos por las empresas afectadas por los recortes y acabe pronunciándose acerca del carácter de ayudas de estado ilegales de los incentivos a las renovables, en cuyo caso debería impedirse el pago de las ayudas pendientes y recuperar, en este caso para los consumidores, las ayudas ilegales y los intereses por el periodo de ilegalidad.
Es evidente que la investigación abierta por la Comisión y las recientes sentencias del Tribunal Supremo dictadas en el asunto ELCOGAS, pueden dar un giro a la multitud de recursos interpuesto contra los recortes a las renovables, con graves consecuencias económicas para las empresas promotoras.

Pedro Corvinos Baseca



Comentarios
opcional
08/04/16 23:45
esto es lo que se llama en mi pueblo y ponerle los huevos en la boca a otro ... Un cordial saludo-
Pedro Corvinos
08/05/15 19:44
Muchas gracias Daniel por tus comentarios. Pero desde el año 2007 al 2015 van 8 años y nadie ha hecho nada por notificar los incentivos a la CE. Por otra parte, creo recordar que el TJUE en la sentencia vent de colere no hace ninguna matización al respecto. Creo que tampoco la hace el TS en el asunto ELCOGAS, en el que se analizan los incentivos concedidas a este empresa, contemplados en el Plan de Viabilidad de 2007, que se intentó notificar en dos ocasiones a las CE y finalmente no se hizo. La situación es muy incierta. Vamos a ver cómo actúa el TS. Esperamos tu esclarecedor artículo sobre este controvertido e interesante asunto. Un saludo
Daniel
08/05/15 08:49
Gracias Pedro por tu aclaración. Precisamente, soy Daniel Pérez. En mi opinión, no es lo mismo la falta de notificación en el año 2007, cuando primaba Preussen Elektra, que en el año 2015, cuando ya todo el mundo sabe que los costes permanentes del sistema eléctrico son ayudas de estado. La Comisión y el TJUE han cambiado radicalmente de criterio. Por eso, antes era justificable, ahora no. Intentaré en breves preparar otro artículo aclarando el tema. Seguimos en contacto.
Daniel
08/05/15 08:33
Gracias Pedro por tu aclaración. Precisamente, soy Daniel Pérez. En mi opinión, no es lo mismo la falta de notificación en el año 2007, cuando primaba Preussen Elektra, que en el año 2015, cuando ya todo el mundo sabe que los costes permanentes del sistema eléctrico son ayudas de estado. La Comisión y el TJUE han cambiado radicalmente de criterio. Por eso, antes era justificable, ahora no. Intentaré en breves preparar otro artículo aclarando el tema. Seguimos en contacto.
Daniel
08/05/15 08:24
Gracias Pedro por tu aclaración. Precisamente, soy Daniel Pérez. En mi opinión, no es lo mismo la falta de notificación en el año 2007, cuando primaba Preussen Elektra, que en el año 2015, cuando ya todo el mundo sabe que los costes permanentes del sistema eléctrico son ayudas de estado. La Comisión y el TJUE han cambiado radicalmente de criterio. Por eso, antes era justificable, ahora no. Intentaré en breves preparar otro artículo aclarando el tema. Seguimos en contacto.
Pedro Corvinos
07/05/15 21:22
Gracias por tu comentario y por las aclaraciones. El post, como se indica, parte de la información aparecida en la prensa en los últimos días. En particular, he tenido en cuenta un interesante artículo de Daniel Pérez en el Periódico de la Energía, titulado “Problemas legales de la subasta renovable de Soria”, cuya lectura te recomiendo. Tu información, al parecer, es mucho más precisa dado que, por lo que dices, proviene de fuentes del Tribunal Supremo. En el artículo de Daniel Pérez se hace referencia a las últimas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y a las últimas decisiones de la Comisión Europea, para llegar a la conclusión de que las medidas de apoyo a las renovables tienen la consideración de ayudas de Estado, que deben ser notificadas a la Comisión Europea. Y se dice acertadamente que “la no notificación de la ayuda, si existiera obligación de hacerlo, podría implicar la necesidad de restitución de las cuantías abonadas y volvería a generar (una vez más) una situación de incertidumbre en el sector de las renovables”. Por lo que respecta a lo que comentas de la necesidad de identidad argumental entre el procedimiento de investigación de la CE y los procesos judiciales, me parece oportuno hacer dos puntualizaciones. Alguna relación habrá visto la abogacía del Estado entre las investigaciones de la CE y estos pleitos cuando solicita la suspensión de éstos hasta que hay un pronunciamiento de la CE. En cualquier caso, no hay que perder de vista la forma de proceder del TS en el asunto ELCOGAS, al suscitar el mismo, sin que nadie lo solicitase, la aplicación al caso del artículo 107 TFUE. Con este precedente no es aventurado pensar, como sugiero en el post, que el TS se olvide de las cuestiones de irretroactividad, seguridad jurídica, confianza legítima y demás argumento, y centre la cuestión en si los incentivos a la renovables ayudas de Estado.
Daniel
07/05/15 17:08
Creo que se están mezclando algunas cosas. Para empezar, la Comisión tiene dos líneas de investigación diferentes, una por pagos por capacidad (sectorial) y otra por las RES españolas, no son el mismo procedimiento. Además, cuando se alude al Tribunal nacional y su deber de suspender el procedimiento, se trataría de procedimientos con identidad argumental. En el presente caso, ninguno de los litigios iniciados se basa en la vulneración del 107 TFUE, sino en la retroactividad y otros principios. Además, una ayuda de Estado no notificada no implica automáticamente obligación de devolver, sino un procedimiento de examen en el que la Comisión puede adoptar cautelares. Finalmente, fuentes del TS ya han advertido de que no tienen intención alguna de suspender los litigios nacionales.
Añade tu comentario:
Nombre o apodo (opcional)
Comentario*
He leído y acepto la política de protección de datos
Nube de etiquetas
Lista de etiquetas