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Responsabilidad por daños derivados de las alteraciones en el suministro eléctrico
12/01/2017
Responsabilidad por daños derivados de las alteraciones en el suministro eléctrico

Las interrupciones y alteraciones en el suministro eléctrico –subidas y bajadas repentinas en la tensión- provocan con cierta frecuencia daños en las instalaciones y aparatos de todo tipo de consumidores, domésticos e industriales. Analizaré en este artículo las vías que pueden utilizarse para lograr la indemnización por los daños sufridos, centrándome en la controvertida cuestión de quién o quiénes son los responsables de los daños, entre los distintos agentes que intervienen en la actividad de suministro.


Los consumidores que sufren daños en aparatos e instalaciones destinados a su propio uso y no a una actividad empresarial o profesional, pueden utilizar el régimen de responsabilidad objetiva por productos defectuosos, establecido en los artículos 128 a 146 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (en lo sucesivo, TRLGDCU) La electricidad está incluida dentro del concepto legal de producto, definido en el artículo 136 de la citada disposición legal.


Además, cabe considerar como producto defectuoso la alteración en el suministro eléctrico como consecuencia de las subidas y bajadas imprevistas en la tensión. En el artículo 137.1 TRLGDCU se entiende por producto defectuoso aquél que no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente esperar. Y hay que presumir que no ofrece la seguridad que legítimamente cabría esperar, el suministro eléctrico que incumple los estándares de calidad establecidos en la normativa del sector eléctrico.


El artículo 51 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (en lo sucesivo, LSE) dispone que la calidad del suministro eléctrico es el conjunto de características, técnicas y de atención y relación con los consumidores y, en su caso, productores, exigibles al suministro de electricidad de las empresas que realicen actividades destinadas al suministro eléctrico. Y sigue diciendo que en lo relativo a las características técnicas, la calidad del suministro eléctrico se refiere a la continuidad, al número y duración de las interrupciones, así como a la calidad del producto,  entendiendo por  tal la relativa a las características de la onda de tensión. El tema de la calidad del suministro y los estándares exigibles viene desarrollado en disposiciones de carácter reglamentario, entre otras en el RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (artículos 99 y siguientes) y la Orden ECO/797/2002, de 22 de marzo, por la que se regula el procedimiento de medida y control de la continuidad del suministro. Hay que tener en cuenta también la legislación aprobada por algunas Comunidades Autónomas, regulando la calidad del suministro.


De manera que el incumplimiento de los estándares de calidad, referidos a las características técnicas, contenidos en la normativa reguladora de esta materia, hace presumir que la electricidad suministrada es un producto defectuoso, cuya puesta en circulación se produce cuando se pone a disposición en la acometida del consumidor, una vez transformada la tensión con la que se transporta.


Normalmente, la transformación de la tensión de la electricidad para poder ser consumida se produce en las instalaciones de las empresas distribuidoras y son éstas la que, una vez transformada, la ponen a disposición de los consumidores en sus acometidas. En consecuencia, habría que entender que son las empresas distribuidoras las que tiene la condición de fabricante del producto defectuoso (artículos 5 y 138 TRLGDCU) y, por tanto, serían responsables de los daños ocasionados por la alteración en el suministro eléctrico. No tendrían la condición de fabricantes, las empresas comercializadoras, cuya actividad se limita a adquirir la energía eléctrica para venderla a los consumidores, sin que intervengan en el transporte ni en la transformación.  No incumbe, pues, a las empresas que prestan la actividad de comercialización el cumplimiento de la normativa sobre calidad del suministro, en lo referido a las características técnicas; en particular, no les corresponde cumplir los estándares sobre calidad del producto. Quedarían, por ello, eximidas de responsabilidad por el suministro de un producto defectuoso.


No obstante, hay que reconocer que alguna sentencia –entre otras la de la Audiencia Provincial de Madrid de 14 de marzo de 2013-,  aplicando el régimen de responsabilidad por daños causados por productos defectuosos, establecido en el TRLGDCU, ha considerado responsable a la empresa comercializadora, aun cuando es cuestionable,  como ha quedado expuesto, que tenga a estos efectos la condición de productora o fabricante.


Quedan excluidos de este peculiar régimen de responsabilidad civil, los daños producidos en aparatos e instalaciones destinados a una actividad empresarial o profesional por la interrupción o alteración del suministro eléctrico (artículo 129.1 TRLGDCU) Es de aplicación en estos casos el régimen general de responsabilidad contractual establecido en los artículos 1101 y siguientes del Código Civil.


Es precisamente en estos casos de aplicación del régimen general de responsabilidad contractual, en los que se plantean dudas acerca de quiénes son los responsables de los daños ocasionados. Las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales han llegado a soluciones contradictorias: algunas sentencias han concluido que el agente responsable es la empresa distribuidora mientras que otras han considerado que podía serlo también la empresa comercializadora.


El Tribunal Supremo ha puesto fin a esta controversia en la sentencia 4628/2016, de 24 de octubre. En este caso, la acción de responsabilidad la ejerce la compañía aseguradora,  subrogándose en la posición de la empresa asegurada (artículo 43 LCS), a la que había abonado la correspondiente indemnización por los perjuicios ocasionados en los equipos de dicha empresa, como consecuencia de un siniestro producido por fluctuaciones en el suministro («picos de tensión») La cuestión de fondo que se plantea es si la responsabilidad civil por el incumplimiento de un contrato de suministro de energía eléctrica ha de dirigirse exclusivamente contra la empresa distribuidora que, en este caso, no fue demandada y con la que, se dice, el usuario no tenía relación contractual alguna o, por el contrario, también puede dirigirse contra las entidades comercializadoras de dicha energía.


La sentencia del TS confirma las dictadas en instancia y concluye que las empresas comercializadoras son responsables de los perjuicios ocasionados por las fluctuaciones del suministro. Ello sin perjuicio de la acción de repetición que en su caso puedan ejercitar las comercializadoras contra la empresa de distribución de energía.

 

El discutible planteamiento de partida de esta sentencia es que la legislación del sector eléctrico –en el momento de producirse los hechos estaba vigente la Ley 57/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que regulaba esta cuestión en términos muy parecidos a como lo hace la vigente Ley 24/2013, de 26 de diciembre-, se centra en garantizar el correcto funcionamiento del suministro de energía en un marco ya liberalizado y no tiene como función la regulación de las relaciones jurídicas privadas que se deriven de la actividad de la comercialización de la energía. A partir de aquí, se argumenta lo siguiente:


… sentada la relación contractual que vincula a las partes, así como el defectuoso suministro de energía realizado y la determinación y cuantificación de los daños y perjuicios ocasionados, interesa destacar la aplicación de nuestro Código Civil tanto con relación a la responsabilidad por el incumplimiento obligacional y la consecuente indemnización de los daños y perjuicios derivados (artículos 1101 y sgts. del Código Civil ), como en relación con la interpretación e integración del contrato a tenor del principio de la buena fe contractual, especialmente con relación a lo dispuesto por el artículo 1258 y la proyección de la buena fe como fuente de integración del contrato, de forma que dicho principio no sólo sanciona, entre otros extremos, todos aquellos comportamientos que en la ejecución del contrato resulten contrarios a los deberes de lealtad y corrección debida respecto de lo acordado y la confianza que razonablemente derivó de dicho acuerdo, sino que también colma aquellas lagunas que pueda presentar la reglamentación contractual de las partes con relación a la debida ejecución y cumplimiento del contrato celebrado (entre otras, SSTS núms. 419/2015, de 20 de julio y 254/2016, de 19 de abril )

En el presente caso, no cabe duda de que la comercializadora, como suministradora, se vinculó contractualmente a una obligación de suministro de energía de acuerdo a unos estándares de calidad y continuidad del suministro (cláusula 1.1 del contrato). Del mismo modo que se reservó, como condición suspensiva del contrato, una facultad de control acerca de la adecuación de las instalaciones del cliente para que dicha energía pudiera ser suministrada (cláusula 1.4 del contrato). Por su parte, el cliente accedió a dicha contratación confiado en que del contrato suscrito podría razonablemente esperar, a cambio del precio estipulado, que la comercializadora respondiera de su obligación, no como una mera intermediaria sin vinculación directa, sino que cumpliese con las expectativas de «todo aquello que cabía esperar» de un modo razonable y de buena fe, con arreglo a la naturaleza y características del contrato celebrado. Integración contractual, con base al principio de buena fe, que también viene contemplada en el artículo 6102 de los PECL (principios de derecho europeo de los contratos). Como tampoco puede concebirse como caso fortuito exonerador de responsabilidad (artículo 1105 del Código Civil) un suceso que cae dentro de la esfera de control de riesgo a cargo del deudor, y al que es ajeno el cliente o consumidor.

Lo contrario, por lo demás, supondría una clara desprotección e indefensión en el ejercicio de los derechos del cliente que estaría abocado, en cada momento, a averiguar que empresa era la suministradora de la energía sin tener con ella vínculo contractual alguno. Todo ello, sin merma del derecho a la acción de repetición que en su caso pueda ejercitar la comercializadora contra la empresa de distribución de energía eléctrica. Sin que la decisión de este recurso, limitada a la legitimación pasiva de las comercializadoras, deba interpretarse como una exoneración de las empresas distribuidoras frente a las posibles reclamaciones de los consumidores

 

Se desprende de este razonamiento que lo determinante para que la sentencia impute la responsabilidad a las empresas comercializadoras, y no a las distribuidoras, es la relación contractual existente entre aquellas y el consumidor; relación contractual que, al parecer, no existiría con la empresa distribuidora. Pero lo cierto es que la legislación del sector eléctrico –tanto la Ley 57/1997 como la Ley 24/2013- al regular la distribución y el suministro de energía incide  en las relaciones contractuales jurídico-privadas mantenidas por los distintos agentes que intervienen: consumidores, comercializadoras y distribuidoras. Para empezar, queda claro que existen dos clases de contratos: el contrato de suministro, por el que los consumidores adquieren la energía o bien a las comercializadoras o bien en el mercado mayorista y el contrato de acceso a redes, que celebran los consumidores con la empresa distribuidora para tener acceso a las redes transporte y distribución. Además, estas leyes determinan con precisión las obligaciones y derechos de cada una de las partes en estos contratos, imponiendo precisamente a La empresa distribuidora, y no a las comercializadoras, la obligación de garantizar la calidad del suministro.  


Es indiscutible, por tanto, que existe una relación contractual entre los consumidores y la empresa distribuidora, determinando la legislación del sector eléctrico los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Otra cosa es que los consumidores pueden otorgar a la empresa comercializadora a la que compran la electricidad la representación para que contraten el acceso a redes con la empresa distribuidora, actuando esta como mandataria de aquellos.


Así pues, es la distribuidora la que incumple el contrato de acceso a redes y las obligaciones legales que le incumben en lo que respecta a la calidad del suministro, por lo que debería ser la responsable frente a los consumidores de los perjuicios ocasionados por las fluctuaciones en la tensión.


Pedro Corvinos Baseca



Comentarios
Pedro Corvinos
17/01/17 12:04
El régimen de responsabilidad por productos defectuosos, establecido en el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, persigue reforzar la protección de los consumidores domésticos. Precisamente por ello esta responsabilidad tiene carácter objetivo frente a la responsabilidad contractual (artículos 1101 y sgs. del Código Civil) que sólo se produce cuando concurre dolo o negligencia (responsabilidad subjetiva) Si bien hay que reconocer que la jurisprudencia ha matizado el carácter subjetivo de la responsabilidad contractual y extracontractual
Pedro Corvinos
17/01/17 11:51
Gracias por tu comentario. En efecto, considero que la responsable de los daños ocasionados por las fluctuaciones del suministro es la empresa distribuidora, que es con quien contratan los consumidores el acceso a las redes, directamente o a través de las comercializadoras. Estoy de acuerdo contigo en que la sentencia del TS -y lo mismo sucede con las dictadas en primera instancia y apelación- no entra en el fondo de la cuestión, y lo que persigue es proteger al consumidor, en este caso a su compañía aseguradora. Prueba de ello es el siguiente razonamiento que hace la sentencia: "Sin que la decisión de este recurso, limitada a la legitimación pasiva de las comercializadoras, deba interpretarse como una exoneración de las empresas distribuidoras frente a las posibles reclamaciones de los consumidores”
anónimo
15/01/17 09:58
Buenos días, según el artículo, entiendo que no estás de acuerdo con la sentencia del TS dictada y entenderías que los consumidores deberían ir directamente contra las distribuidoras, responsables ultimas de la inadecuada prestación del servicio conforme a los estándares esperados. Parece que el TS no entra mucho al fondo de la cuestión y simplemente se centra en facilitar al consumidor la vía de reclamación contra las comercializadoras. Por otra parte, ¿por qué esa diferenciación entre consumidor particular y empresarial? ¿Qué consecuencias tiene la remisión a diferente legislación en cuanto a la protección de uno y otro frente a los daños ocasionados? Gracias.
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