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Cláusulas ambientales en la contratación del suministro eléctrico: el etiquetado de la electricidad como criterio de adjudicación
05/10/2017
Cláusulas ambientales en la contratación del suministro eléctrico: el etiquetado de la electricidad como criterio de adjudicación El Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Comunidad Autónoma de Madrid, en el reciente acuerdo de 19 de septiembre de 2017 (Resolución 256/2017), ha estimado el recurso especial interpuesto por Gas Natural Comercializadora, S.A., contra el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares (PCAP) del Acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica y gas natural para edificios municipales y equipamientos del Ayuntamiento de Madrid y sus Organismos Autónomos.
Se cuestiona en este caso la utilización que se hace en los pliegos de las cláusulas medioambientales. En particular, la fijación en el PCAP como criterio de valoración de las ofertas del etiquetado de electricidad del licitador. Se establecen en este Pliego dos criterios objetivos de adjudicación: el precio, valorado con 95 puntos y el etiquetado de la electricidad del licitador durante el año 2016, valorado con 5 puntos. En el apartado 20 del Anexo I del pliego se establece lo siguiente:
Si el etiquetado de la electricidad en cuanto a emisiones de CO2 del licitador durante el año 2016 es A, se concederán 5 puntos en dicho apartado, si es B, se concederán 2 puntos y si es C, se concederá 1 punto. En el resto de etiquetados se concederán 0 puntos.  Dicho etiquetado será comprobado por la Mesa de Contratación en la base a la información publicada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia
Son dos los motivos en que se fundamenta el recurso especial. Se argumenta, por un lado, la incompatibilidad de este criterio ambiental de adjudicación –etiquetado de electricidad- con la cláusula medioambiental, contenida en el pliego de prescripciones técnicas (PPT), consistente en la exigencia de certificación de la garantía de origen de que la totalidad de la energía suministrada procede de fuentes renovables y de cogeneración de alta eficiencia. Por otro lado, se argumenta que el criterio de adjudicación del etiquetado de electricidad discrimina a algunas empresas comercializadoras y, además, no está vinculado al objeto del contrato.
El Tribunal, para determinar si existe duplicidad e incompatibilidad entre estos criterios ambientales, analiza la regulación de los certificados de origen y del etiquetado eléctrico y los fines perseguidos con cada una de estas acreditaciones. La garantía de origen es una acreditación expedida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a solicitud de los interesados, que asegura que un número determinado de megavatios-hora de energía eléctrica producidos en una central, en un periodo temporal determinado, han sido generados a partir de fuentes de energía renovables y de cogeneración de alta eficiencia. Con la exigencia de esta certificación de origen, configurada en el PPT como una obligación esencial del contrato, se pretende garantizar que la energía que se vaya a suministrar al Ayuntamiento, a lo largo de la duración del contrato, es de origen renovable y de cogeneración de alta eficiencia.
El etiquetado de la electricidad tiene por objeto informar a los consumidores en general sobre el origen de la electricidad consumida y su impacto en el medio ambiente. Es decir, informe sobre las distintas fuentes de energía en las que se aprovisionan las comercializadoras para su  posterior suministro, especificando las emisiones de CO2 y los residuos nucleares de alta actividad. Dependiendo de las fuentes de producción de la energía suministrada por las comercializadoras a sus clientes, a las que se aplican unos factores de impacto ambiental regulados en el anexo VI de la Circular 1/2008 de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), cada empresa recibe una clasificación graduada en una escala entre la A y la G. Cada año la CNMC emite un informe y lo publica, indicando las etiquetas que corresponden a cada empresa comercializadora a año vencido. Por tanto, el etiquetado no garantiza ni informa sobre la energía suministrada a un cliente final concreto, que es lo que hace la certificación de la garantía de origen.
Con todo esto, la conclusión a la que llega el Tribunal es que  “ … se trata de dos criterios de contenido medioambiental con contenido diferenciado lo que, en principio, no duplica las exigencias medioambientales. El informe del Ayuntamiento explica que se pretende conseguir con ellas objetivos estratégicos diferentes, de un lado el fomento de la energía renovable y de otro la lucha contra el cambio climático mediante la reducción de emisiones de CO2”. Así pues, entiende el Tribunal que no existe la duplicidad invocada por la entidad recurrente.
Se analiza después la vinculación del etiquetado de la electricidad, establecido en el pliego como criterio de adjudicación, con el objeto del contrato, de acuerdo con lo exigido en el artículo 150.1 TRLCSP. Se entiende que el requisito de la vinculación al objeto en los criterios de adjudicación debe referirse “… a los aspectos de la oferta, es decir, a las condiciones bajo las que los licitadores proponen la ejecución de la prestación contratada. En cambio, no caben como criterios de adjudicación los aspectos relativos a la capacidad técnica, económica o profesional de los licitadores, especialmente los referidos a las características de la empresa, los cuales sólo son aceptables como criterios de determinación de la solvencia
La conclusión a la que se llega es que no existe vinculación entre este criterio de adjudicación y el objeto del contrato, dado que el etiquetado de la electricidad que se valora, informa sobre una electricidad ya suministrada por las comercializadoras a sus clientes –recuérdese que se exige en el pliego a los licitadores que presenten la etiqueta de la electricidad suministrada durante el año 2016-, que no guarda relación con la que habrán de suministrar al Ayuntamiento. Tal es así que la etiqueta exigida informa sobre las distintas fuentes de energía –incluidas las no renovables como nuclear, carbón o gas- en las que se han aprovisionado las comercializadoras para suministrar al conjunto de sus clientes durante el año 2016, siendo que la energía eléctrica que hay que suministrar al Ayuntamiento de Madrid tiene que proceder obligatoriamente de fuentes renovables y de cogeneración de alta eficiencia. Se argumenta al respecto lo siguiente:
Ocurre, sin embargo la etiqueta se expide a la comercializadora no por el suministro concreto que hará al Ayuntamiento (energía de procedencia de fuentes renovables o cogeneración de alta eficiencia), lo que permitiría comparar la menor emisión de CO2 de la energía que se compra, sino por un etiquetado para su cuya obtención se han tenido en cuenta todas las fuentes de obtención de la energía distribuida por la comercializadora entre las que puede figurar carbón, fuel, gas u otras más contaminantes que la que es objeto de compra en el contrato. Es decir se ha obtenido una etiqueta en la clasificación por emisiones de CO2 consecuencia de la distribución o comercialización de electricidad de origen no renovable que nada tiene que ver con el objeto del contrato”.
Se rechaza, por tanto, que el PCAP valore el suministro mayoritario de energías renovables como característica subjetiva de la comercializadora, independientemente de la energía que es objeto del contrato.
No obstante, el Tribunal sugiere que podría utilizarse como criterio de adjudicación un mecanismo que permitiese valorar el menor impacto en emisiones de CO2 de la energia que haya de suministrarse al Ayuntamiento de Madrid, que, no se olvide, debe proceder obligatoriamente de fuentes renovables y de cogeneración de alta eficiencia. 
La consecuencia es que se anula el criterio de adjudicación del etiquetado de la electricidad y la licitación de los lotes afectados, considerando el Tribunal que la anulación de este criterio supone la eliminación del PCAP de un elemento esencial, que altera el valor relativo de la ponderación otorgada a los restantes, en este caso el precio, lo que impide la conservación de los actos que no se vieran afectados.

Pedro Corvinos Baseca



Comentarios
Pedro
09/10/17 19:40
En contestación a Marta. 1.- En efecto, como decía en la contestación anterior, el consumidor, la electricidad llega al consumidor "mezclada". En la red de transporte y distribución se mezcla la electricidad procedente de las distintas fuentes de generación. 2.- No hay un etiquetado por "zonas de producción"; tampoco tendría mucho sentido. Lo tendría acreditar de alguna forma que el consumidor a través de un contrato bilateral adquiere energía de un productor de energía renovable. Pero aún en este caso, y salvo que existiese una linea directa productor-consumidor, el consumidor seguiría recibiendo la energía "mezclada" en las redes de transporte y distribución. 3.-Es una cuestión discutida; algunos pliegos exigen las GdO como un requisito de solvencia técnica. Mi opinión es que al configurar las GdO como requisito de solvencia técnica, se restringe injustificadamente la competencia. Me parece un asunto interesante que volveré a tratar en otro post. Gracias por los comentarios
Pedro
09/10/17 19:25
En contestación a anónimo. Las GdO se dan a los productores que utilizan fuentes de energía renovable o cogneración. Y estos las transfieren, en principio gratuitamente, a las comercializadoras. La actividad que contamina es la de producción no la de comercialización. Al consumidor le llega toda la energía "mezclada", independientemente de la fuente de producción.
anónimo
07/10/17 22:30
Una consulta. Las GdO son transferibles entre comercializadoras, no? Con lo cual realmente el que las tiene no siempre es el que menos contamina sino que puede ser que contamine mucho pero haya pagado para tener estas GdO
MARTA
07/10/17 22:27
Me parece bastante complicado de entender el tema pero agradezco bastante la explicación porque ayuda. Planteo algunas dudas: 1. Me cuesta entender las GdO totalmente porque realmente es imposible discernir qué electrón está siendo suministrado al Ayuntamiento de Madrid, ¿no? 2. ¿Sería posible considerar directamente vinculado al objeto del contrato el etiquetado si la CNMC remitiese el etiquetado greográficamente localizado solo a la zona de Madrid? Es decir, limitar el etiquetado no al mix global de generación sino a una zona concreta. Sino no entiendo muy bien qué quiere decir el Tribunal "odría utilizarse como criterio de adjudicación un mecanismo que permitiese valorar el menor impacto en emisiones de CO2 de la energia que haya de suministrarse al Ayuntamiento de Madrid". Y en ese caso no tengo claro que realmente aporte mucho más el etiquetado que la GdO pidiendo estas últimas q la energía sea renovable y el etiquetado lo más limpio posible. Me cuesta discernir ambos requisitos. 3. Se podría considerar el etiquetado un criterio de solvencia técnica igual que en otros suministros se solicita relación de los tres últimos años, por ejemplo? Gracias.
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