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Sentencia del TC sobre medidas urgentes en el sistema eléctrico
5/12/2014
Sentencia del TC sobre medidas urgentes en el sistema eléctricoSentencia TC 183/2014, de 6 de noviembre de 2014 
El TC ha dictado una nueva sentencia que se pronuncia sobre algunas de las medidas adoptada para contener el déficit de tarifa, que afectan fundamentalmente al régimen de incentivos de las renovables. En este caso, el recurso lo interpuso el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra los arts. 4, 5 y 8 de la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética; 8 del Real Decreto-Ley 29/2012, de 28 de diciembre, de mejora de gestión y protección social en el sistema especial para empleados de hogar y otras medidas de carácter económico y social; y 1, 2, 3 y la disposición adicional única del Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y en el sector financiero.
El recurso se fundamenta en que todos los preceptos legales impugnados tienen por objeto introducir sucesivas modificaciones en el marco legal aplicable a los productores de energía eléctrica, en general, y a las renovables, en particular, vulnerando el art. 9.3 CE en su doble vertiente de seguridad jurídica, en el sentido relativo a la certeza del derecho, y de confianza legítima, vinculado con el primero y relacionado con la previsibilidad de los efectos de su aplicación por los poderes públicos. Por otro lado, al art. 8 del Real Decreto-ley 29/2012, y a la disposición adicional única del Real Decreto-ley 2/2013 se les imputa una segunda vulneración del art. 9.3 CE en cuanto que se trata de normas que implican una retroactividad vedada por el citado precepto constitucional. Finalmente, tanto en el caso del Real Decreto-ley 29/2012 como en el del Real Decreto-ley 2/2013, se alega la vulneración del art. 86 CE por la falta de concurrencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad que habilita para la aprobación de los preceptos de ambas normas que han sido impugnados.
Esta sentencia -al igual que la sentencia TC 96/2014- concluye que el recurso ha perdido en parte su objeto al haber quedado derogadas las disposiciones impugnadas como consecuencia de las sucesivas reformas introducidas en la legislación del sector eléctrico, que han culminado con la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico, lo que ha supuesto una modificación sustancial del régimen retributivo de la energías renovables. No se entran a analizar, por tanto, cuestiones interesantes como las referidas a la retroactividad de las medidas adoptadas o la vulneración de los principios de interdicción de la arbitrariedad, seguridad jurídica o confianza legítima.
Únicamente pervive el objeto del recurso en lo que afecta a los artículos 4, 5 y 8 de la Ley 15/2012, de 27 diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, relativos al impuesto sobre el valor de producción de la energía eléctrica. La Junta de Andalucía cuestiona que la citada ley no diferencie entre la producción de energía procedente de fuentes renovables y las procedentes de otras fuentes.  Se argumenta que la creación de este impuesto en los términos en que se hace vulnera el principio de seguridad jurídica (artículo 9.3) dado que supone una modificación muy importante de gran impacto económico para los productores de energía procedente de fuentes renovables.

La sentencia centra la cuestión y plantea que lo que se suscita en el recurso no es un problema estricto de seguridad jurídica, entendida como certeza del derecho, sino de seguridad jurídica entendida en sentido amplio, como "suma de certeza y legalidad, jerarquía y publicidad normativa, irretroactividad no favorable e interdicción de la arbitrariedad.". Y se considera que no puede ser atendida lo que se denomina "denuncia de inconstitucionalidad por indiferenciación", dado que el artículo 14 CE "no consagra un derecho a la desigualdad de trato, ni ampara la falta de distinción entre supuestos desiguales, no existiendo un derecho subjetivo al trato normativo desigual". Concluye la sentencia que los preceptos impugnados no rebasan la libertad de configuración del legislador, que tiene plena libertad para elegir entre distintas opciones posibles.

Finalmente resuelve la sentencia la alegación referida a la vulneración del artículo 86 CE, por la falta de concurrencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad de los preceptos impugnados del Real Decreto-ley 29/2012  y  del Real Decreto-ley 2/2013. Se analiza el primer lugar si concurre el presupuesto habilitante de la extraordinaria y urgente necesidad en relación con la medida  del artículo 8 del Real Decreto-ley 29/2012 , que inaplica el régimen de primas a las instalaciones de generación de régimen especial no finalizadas en con anterioridad al plazo fijado o con equipos no previstos en el proyecto de ejecución. La sentencia concluye que la adopción de esta medida reviste las características asociadas de una situación extraordinaria y urgente, justificativa de la actuación normativa del Gobierno, señalando que se trata de una "Situación derivada de la necesidad de, en un contexto de aumento del déficit tarifario, atemperar, en la medida en que implica un desajuste entre ingresos y costes, el ritmo de crecimiento de las energías renovables en atención a ese déficit, que afectaba a la sostenibilidad económica del conjunto del sistema eléctrico,.."
A la misma conclusión se llega en relación con las medidas previstas en los artículos 1, 2, 3 y en la disposición adicional única del Real Decreto-Ley 2/2013, destinadas a hacer frente a la desviación al alza de los costes del sistema eléctrico por factores tales como los sobrecostes de las primas de régimen especial, consignación de costes de los sistemas eléctricos peninsulares e incremento del déficit por el descenso de la demanda de electricidad. 
Han sido ya varias las sentencias del TC en las que se analiza si concurre una situación de extraordinaria y urgente necesidad en las medidas destinadas a controlar las desviaciones al alza del déficit de tarifa, adoptadas mediante Real Decreto-Ley, llegándose en todas ellas a la conclusión de que así es. 
Pedro Corvinos Baseca







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