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A vueltas con los suplementos territoriales y el canon eólico establecido por algunas Comunidades Autónomas
07/04/2015
A vueltas con los suplementos territoriales y el canon eólico establecido por algunas Comunidades Autónomas En un artículo publicado en este blog comentamos la sentencia del TS de 11 de junio de 2014, que resolvía el recurso interpuesto por la empresa distribuidora “GAS NATURAL SDG, S.A.” contra la Orden ITE/221/2013, de 14 de febrero, que establecía los peajes de acceso a partir del 1 de enero de 2013. Se cuestionaba en el recurso que no se incluyesen en los peajes de acceso los suplementos territoriales para cubrir los sobrecostes de los tributos autonómicos. Las pretensiones de la entidad recurrente eran, por un lado, la anulación el artículo 9.1 de la Orden, imponiendo al Ministerio de Industria la obligación de incluir en ésta los suplementos territoriales. Y, por otro lado, se reclamaba un importe en concepto de indemnización por los daños y perjuicios sufridos por la empresa distribuidora.
La sentencia estimó parcialmente el recurso, declarando  que el artículo 9.1 de dicha Orden no era conforme al ordenamiento jurídico, en la medida en que no incluía entre los costes que han de sufragar los peajes de acceso para el año 2013 los suplementos territoriales, debiendo el Ministro de Industria proceder a su inclusión en los términos legalmente establecidos. Se desestimó en cambio la pretensión indemnizatoria, argumentando que quedaba pendiente la concreción de los suplementos territoriales, por lo que no se podía cuantificar a efectos indemnizatorios el sobrecoste que éstos suponían para la entidad recurrente.
Se apuntaba en este artículo que la sentencia había dejado sin resolver algunas cuestiones controvertidas. Entre otras cuestiones, se hizo referencia a la necesidad de determinar qué impuestos autonómicos podrían repercutirse a los consumidores a través de los suplementos territoriales. En particular, se suscitó la cuestión del canon eólico establecido por algunas Comunidades Autónomas, habida cuenta el peculiar régimen retributivo de esta fuente de energía renovable hasta la reciente reforma, basado en unos incentivos sufragados por todos los consumidores que formaban parte de los costes del sistema. 
Pues bien, esta cuestión ha sido tratada en la sentencia del Tribunal Supremo 1042/2015, de 23 de marzo, que resuelve el recurso interpuesto contra la misma Orden por la Asociación de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León. La parte recurrente solicitaba también, al igual que la empresa distribuidora, por un lado, la anulación de la Orden de peajes, imponiendo al Ministerio de Industria la obligación de incluir en ésta los suplementos territoriales. Y, por otro lado, se reclamaba “el pleno restablecimiento de la situación jurídica perturbada y, en consecuencia, se declare el derecho de los miembros de la Asociación demandante a ser indemnizados en la cantidad necesaria para resarcirle íntegramente de los daños y perjuicios que la Orden impugnada le ha ocasionado, cantidad a determinar en fase de pruebas y luego en ejecución de sentencia, y que en cualquier caso deberá calcularse sobre la base de que deberá alcanzar el importe correspondiente a los tributos de naturaleza autonómica, o recargos sobre tributos estatales, devengados durante el ejercicio 2013que gravan, directa o indirectamente, la actividad destinada al suministro eléctrico”.
La sentencia da por resueltas, remitiéndose a la sentencia de 11 de junio de 2014, las pretensiones relativas a la anulación de la Orden de peajes y a la obligación del Ministerio de incluir en ésta los suplementos territoriales. Y se centra en la pretensión relativa al reconocimiento de una situación jurídica individualizada, consistente en el resarcimiento de los daños y perjuicios derivados de la citada Orden.
En relación con esta cuestión -y con fundamento en los razonamientos utilizados en el Auto de 9 de septiembre de 2014, dando respuesta a la solicitud del Abogado del Estado de aclaración de la sentencia de 11 de junio de 2014-, la sentencia establece que la pretensión resarcitoria de la asociación recurrente puede ser acogida, aunque no en los términos en que se formula. Se concluye que “..habiéndose ordenado a la Administración que dé cumplimiento a la exigencia legal prevista en el apartado cuarto del artículo 17 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (según la redacción dada por el artículo 38 del Real Decreto-ley 20/2012), habrá que estar a la fórmula que emplee la Administración para dar cumplimiento a ese mandato, y a la extensión y alcance temporal con que lo haga; de manera que será entonces, y en función de lo que allí se establezca, cuando podrá determinarse la procedencia y cuantía de la indemnización que se pretende, lo que podrá suscitarse en ejecución de sentencia”.
En consecuencia, se reconoce a la asociación recurrente –integrada por promotores de energía eólica en Castilla y La Mancha- la pretensión resarcitoria si bien el alcance de ésta queda condicionada a lo que resulte del cumplimiento de la obligación que se impone a la Administración de incluir en la Orden de peajes los suplementos territoriales. Las controversias que, sin duda, se plantearán al respecto podrán suscitarse en ejecución de sentencia. 
La conclusión a la que cabe llegar a la vista de esta sentencia, es que los tributos autonómicos que gravan la energía eólica deberán repercutirse mediante los suplementos territoriales a los consumidores de las Comunidades Autónomas que los han creado, destinándose los importes recaudados por este concepto a las empresas que los hayan abonado. Esto es lo que se desprende de la remisión que se hace en la sentencia al razonamiento utilizado en el Auto de 9 de septiembre de 2014, por el que se rechaza el planteamiento del Abogado del Estado, según el cual el suplemento territorial es un mero "ingreso regulado"  del sistema eléctrico, que no está destinado a resarcir específicamente a los sujetos pasivos de los impuestos autonómicos.


Pedro Corvinos Baseca



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