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La cláusula del precio en un contrato de suministro de electricidad y su posible carácter abusivo.
19/05/2015
La cláusula del precio en un contrato de suministro de electricidad y su posible carácter abusivo.

El objeto de este breve estudio es dilucidar si es posible entender que una cláusula reguladora del precio en un contrato de suministro eléctrico típico suscrito por un consumidor doméstico en mercado libre puede ser considerada abusiva y, por ello, nula (nulidad que por afectar a un elemento esencial del contrato devendría en nulidad del mismo contrato).


Al partir del presupuesto de un contrato de los que un consumidor doméstico en mercado libre (pero también un consumidor empresario, en el concreto aspecto que se dirá respecto a éste tipo de consumidor) suscribe en la realidad cotidiana del suministro eléctrico patrio, es decir, de un contrato en el que también se incluye la contratación del acceso a red, asumimos, conforme a doctrina del Tribunal Supremo (que no se detalla pues, como se ha indicado, el objeto de este estudio es muy concreto), que:


-la cláusula precio es de las prerredactadas y, de hecho, predispuesta pues concreta una oferta irrevocable; 


-es cláusula destinada por la comercializadora a ser incluida en pluralidad de contratos; 


-aunque se refiera al objeto principal del contrato no es obstáculo para que sea calificada como condición general de la contratación; 


-está impuesta por la comercializadora pues no ha sido negociada individualmente (es hecho notorio que o se asume lo que proponga la comercializadora o se renuncia a contratar con ella), sin que pueda entenderse que haya habido negociación porque se pueda escoger entre una pluralidad de ofertas, todas ellas sometidas a condiciones generales, de la misma comercializadora o de otras.


Una vez así planteados los presupuestos de los que partimos, debemos adentrarnos en el objeto de este comentario aclarando que este tipo de cláusula reguladora del precio del contrato de suministro eléctrico se somete a un doble control, fruto del juego tanto de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuario, aprobada por el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre (en adelante, TRLGDCU) como de la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (en adelante, LCGC): un control de incorporación o inclusión en el contrato y (una vez superado este primer control) un control de transparencia.


a).- Control de incorporación.- 


Dejando a un lado la cuestión de los requisitos formales de incorporación de la citada cláusula (inserción en el documento, etc.) que no plantea problemas, es la transparencia en la redacción y presentación de dicha cláusula lo que ahora interesa.


El artículo 80.1.a) TRLGDCU exige que ha de tener una redacción concreta, clara y sencilla, comprensible directamente, sin reenvíos a textos o documentos que no se faciliten previa o simultáneamente a la conclusión del contrato. Además, en el apartado b) del mismo precepto se exige que sea legible (con tamaño de letra no inferior al milímetro y medio y con suficiente contraste con el fondo para que su lectura no sea difícil).


A dicha regulación no puede dejar de añadirse, como se dijo antes, la dispuesta en la LCGC (artículos 5 y 7, fundamentalmente) que también exige para las cláusulas generales transparencia, claridad, concreción y sencillez, estableciendo, para las que incumplan estas exigencia, su no incorporación al contrato.


Las cláusulas relativas al precio (las denominadas en los contratos tanto “condiciones generales” como “condiciones particulares”) suelen regular la cuestión así (o de forma muy similar):


-El “precio del suministro” será el establecido en las condiciones particulares.


-La tarifa de acceso y otros valores regulados que corresponde percibir a la distribuidora se establece que serán a cargo del suministrado, especificándose que la suministradora pagará a la distribuidora y se lo repercutirá al suministrado, “dentro del precio de suministro”, en una factura única.


-Las variaciones de las tarifas de acceso y demás serán trasladadas automáticamente “a los precios”.


-Como “Condiciones económicas. Precio del suministro de electricidad” se especifica un “Término de Potencia” (un valor en €/kW y año) y un “Término de Energía” (un valor en €/kW).


Y se recoge que “La energía se facturará como el producto del término de energía por el consumo efectuado en el período”. En cuanto a la potencia, se dice que “La potencia se facturará como producto del término de  potencia diario por la potencia a facturar correspondiente y multiplicando el resultado por el número de días del período de facturación”.


Como se ve, el suministrado no puede saber cuál es el precio que paga por la electricidad que recibe pues “dentro del precio de suministro” se recogen conceptos extraños a la pura electricidad que le vende la comercializadora. A mayor abundamiento y desde un punto de vista estrictamente conceptual “Término (de Energía)” no equivale al claro, sencillo y concreto “Precio (de la Energía)”.


Pues bien, como quiera que el suministrado está a oscuras, las comercializadoras, reconociendo tal estado, acuden, en sus páginas web, a explicar no los contratos (pues estarían asumiendo el fallo grave de los mismos) sino la información que suministran las facturas. Y, así, en dichos medios de comunicación se viene a reconocer que en el importe que el consumidor suministrado paga por la energía consumida se incluye lo abonado en concepto de peaje de acceso.


Conformada la estructura general de las tarifas de acceso por un término de facturación de potencia y por un término de facturación de energía (además de, en su caso, un término por la facturación de la energía reactiva), es a dicho término de facturación de energía al que se refiere la información sobre la factura facilitada por esas páginas web que se acaban de citar.


Sin embargo, seguimos en las mismas: no se sabe cuál es el precio de la energía comprada por el consumidor.


En todo caso, aunque es cierto que existe normativa sobre el contenido mínimo y el modelo de factura de electricidad (que para el caso concreto analizado tal contenido nada clarifica, si no es que todavía oscurece más, y tal modelo es voluntario), no puede obviarse que la factura es un documento de una naturaleza concreta que no es la naturaleza del propio contrato de suministro. Y es este contrato de suministro el que ha de ser objeto de análisis pues la factura es mero derivado del mismo, la cláusula del precio está en él (no en la factura) y es esta cláusula la que ha de cumplir los requisitos que estamos comentando (no la factura).


Conclusión: la cláusula precio no se comprende y, por ello, el consumidor suministrado desconoce qué precio es el que paga por la pura y concreta energía que se le suministra, por la energía que la comercializadora ha comprado a terceros y que revende a dicho suministrado. 


Así, la consecuencia es que no puede entenderse incorporada al contrato una cláusula precio como la analizada.


Esto mismo puede decirse de una cláusula similar que pueda estar pactada en un contrato suscrito por un suministrado que sea empresario. No puede olvidarse que, como se dijo en su momento, en esta materia también rige la LCGC y que el ámbito subjetivo de aplicación de la misma comprende cualquier persona, física o jurídica, que aparezca como adherente, estableciéndose expresamente que éste podrá ser también un profesional.


Dilucidadas todas las precedentes cuestiones, podría plantearse que en puros términos gramaticales o de redacción la citada cláusula sí es concreta, clara y sencilla pues lo cierto es que no se puede evitar, en esta materia, cierto lenguaje técnico que, por lo demás, es permitido por la norma.


Aunque ello, a mi juicio, es mucho suponer y no es admisible, aceptemos el debate en términos puramente dialécticos. Deberíamos pasar entonces, supuesta la incorporación al contrato de dicha cláusula, al que antes hemos denominado “control de transparencia”.


b).- Control de transparencia.-


Empecemos la explicación de este control diciendo que la Jurisprudencia del Tribunal Supremo tiene sentado que una cláusula general regulatoria de los elementos esenciales de un contrato, como lo es la del precio, no pude ser sometida a un control de contenido, es decir, al control llevado a cabo en orden a su posible carácter abusivo, pues dicho control no se extiende al equilibrio de las contraprestaciones. Dicho de otra manera: no cabe un control del precio porque no hay baremo o criterio jurídico que pueda delimitar y orientar ese control.


Ahora bien, que una condición general defina el objeto principal de un contrato y que, como regla, no pueda examinarse lo abusivo de su contenido, no supone que el sistema no la someta al doble control de transparencia.


Así lo han venido a establecer (aunque ya existían pronunciamientos anteriores, en cierto sentido, similares aunque no tan exhaustivos) ciertas Sentencias dictadas a partir del año 2.013 entre las que se encuentran algunas, muy sonadas, relativas a las cláusulas suelo en los contratos de préstamo hipotecario.


Lo que se dice en esta Jurisprudencia es que cláusulas como la que nos ocupa pueden ser analizadas desde el punto de vista de su transparencia documental o gramatical (el control de incorporación ya visto antes o, si se quiere, un primer control de transparencia) pero también, y esto es lo que ahora interesa, pueden ser sometidas a un segundo control de transparencia.


Se trataría ahora de dilucidar si el consumidor conoce o puede conocer con sencillez la carga económica que realmente supone para él el contrato celebrado, esto es, el sacrificio económico realizado a cambio de la prestación que se quiere obtener (en nuestro caso, a cambio de la electricidad que quiere que se le suministre).


Si se concluye que el consumidor no puede llegar a conocer qué precio paga por la electricidad que se le suministra (sólo por la electricidad, insistimos), la cláusula del precio no será transparente y, en tal caso, estaremos ante un desequilibrio sustancial en perjuicio del consumidor, consistente en la privación de la posibilidad de comparar entre las diferentes ofertas existentes en el mercado y de hacerse una representación fiel del impacto económico que le supondrá obtener la electricidad.  


En definitiva, la cláusula podría ser declarada abusiva y nula por falta de transparencia.


Tal posibilidad es, a mi juicio, evidente en una cláusula como la analizada.


Ahora bien, no se trata de pretender la anulación de dicha cláusula en un contrato concreto pues ello conllevaría la anulación del propio contrato al quedar éste sin un elemento esencial como es el precio. 


Lo que sí es factible es plantear, por quien legalmente está legitimado (por ejemplo, una asociación de consumidores y usuarios) una acción de cesación para obtener una sentencia que obligue a las compañías comercializadoras a cesar en la utilización de cláusulas como la analizada y que les prohíba su reiteración futura; todo ello para que, utilizando nuevas cláusulas, expliquen clara y sencillamente en el contrato qué precio cobran al consumidor por la energía que le venden.


U. e. s.




Ramón Alegre Espert



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