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Deficiencias en la calidad del suministro eléctrico a PYMES. Daños y reclamación de su indemnización.
03/07/2015
Deficiencias en la calidad del suministro eléctrico a PYMES. Daños y reclamación de su indemnización. Las interrupciones de suministro (tanto cortes como microcortes) y las variaciones de tensión constituyen materia habitual de conflicto para las PYMES pues sufren daños por las mismas y estos daños pueden ser de importancia y, por tanto, deben ser indemnizados.


Dos clases de normas existen en nuestro ordenamiento a las que una PYME puede acogerse en estos casos: la normativa del sector eléctrico y la normativa civilista.


A).- Legislación del sector eléctrico.-


1.- Legislación estatal (Ley 24/2013, del Sector Eléctrico y R. D. 1955/2000).-


El incumplimiento de los parámetros de calidad tiene como única consecuencia reducciones en la facturación. 


Solución extremadamente pobre pues tales reducciones serán escasas habida cuenta los criterios que la norma utiliza para fijarlas.


Pero, sobre todo, la PYME no verá satisfecho su derecho a justa compensación por los daños y perjuicios que pueda haber sufrido.


2.- Legislación autonómica.-


No soluciona el problema.


En primer lugar, no establece un nivel de calidad superior al establecido estatalmente. 


Tanto la Ley 2/2007 de la Comunidad de Madrid como la Ley 18/2008 de Cataluña se remiten a la normativa vigente (que ha de entenderse la estatal pues no existe una previsión de desarrollo reglamentario al respecto en dichas Leyes). 


La Ley 2/2002 de Extremadura hace referencia a una calidad determinada por unos índices relativos a número y duración de las interrupciones a desarrollar reglamentariamente. Sin embargo, tal desarrollo, conformado por el Decreto 58/2007, de 10 de abril, se remite a la normativa estatal.


La Ley 6/1999 de Castilla-La Mancha también se refiere a índices de calidad a establecer reglamentariamente. Tal desarrollo parece no haber tenido lugar pues no consta en la base de datos de legislación del Diario Oficial de Castilla-La Mancha la publicación de Decreto alguno al respecto. Por lo demás, la consulta que quien ahora escribe ha realizado para saber de la existencia o no de tal desarrollo no ha sido contestada a la fecha de la redacción del presente artículo. 


En segundo lugar, la consecuencia de la reducción de facturación o no se menciona (Ley madrileña) o si se hace es para simplemente remitirse a la normativa vigente, es decir, a la estatal (Leyes catalana y castellano-manchega). 


Únicamente la Ley extremeña regula una forma particular de reducción de la facturación. Sin embargo, el concreto precepto que la regula no puede decir más de lo que la normativa estatal (en concreto, el Real Decreto 1955/2000) estipula, según estableció el Tribunal Constitucional en su Sentencia 4/2013 y, en concreto, en el Fundamento Jurídico 8 de la misma a cuyo tenor debe interpretarse la norma autonómica.

De nuevo, como ya dijimos al analizar la legislación estatal, estamos ante una solución pobre y, sobre todo, en la que la PYME no verá satisfecho su derecho a verse resarcida por los daños y perjuicios que pueda haber sufrido.




B).- Normas de Derecho Civil.-


Son estas normas, es decir, el Código Civil y, consecuentemente, la jurisdicción civil, las que ofrecen solución a la PYME.


1.- ¿En qué se fundamenta el derecho a reclamar en vía civil?


Aun cuando alguna vez se ha querido ver el fundamento de la perseguibilidad en vía civil en que la Ley sectorial establece que la responsabilidad administrativa no excluye responsabilidades civiles y penales, lo cierto es que existe un fundamento más claro.


El artículo 105.7 del R. D. 1955/2000 establece que el consumidor afectado por el incumplimiento de la calidad “podrá reclamar en vía civil la indemnización de los daños y perjuicios que dicho incumplimiento le haya causado”.


Con tal base, nuestras Audiencias Provinciales razonan así: la normativa eléctrica establece unos niveles de calidad que de no alcanzarse supone penalizaciones; ahora bien, aun lográndose tales niveles ello no significa que se esté exento de toda responsabilidad. Es decir, la norma eléctrica no altera los principios generales de la responsabilidad contractual del Código Civil.


2.- ¿A quién reclamar? 


En algunas Sentencias se fundamenta que las comercializadoras no son ajenas a la obligación de asegurar la calidad del suministro. Sin embargo, se debe tener en cuenta que tal razonamiento se basaba en que originalmente la Ley del Sector Eléctrico de 1.997 aludía a las distribuidoras y comercializadoras en cuanto obligadas a promover la incorporación de tecnología avanzada para el control de la calidad del suministro (artículo 48.1.3). Tal precepto ya fue modificado en 2.007 para hacer desaparecer a las comercializadoras. Por otra parte, ya desde el R. D. 1955/2000 es claro que la obligación que nos ocupa incumbe en exclusiva a las distribuidoras. Hoy, la vigente Ley del Sector Eléctrico impone claramente esta obligación a las distribuidoras en exclusiva.


Por tanto, toda reclamación por deficiente calidad del suministro eléctrico ha de ser formulada contra las empresas distribuidoras.


3.- ¿Qué supone la deficiente calidad del suministro eléctrico?


Un claro incumplimiento contractual de la distribuidora si dicha deficiencia tiene su origen o se produce en sus propias instalaciones, pues se presume que, en tal supuesto, la causa de aquélla le es imputable.


4.- ¿Qué debe acreditar quien reclama la indemnización?


En primer lugar, el haber acaecido la interrupción o microcorte de suministro o la caída de tensión.


En segundo lugar, los daños sufridos. Se deberá estar ante daños ciertos, objetivables, que, además, han de poder ser evaluados económicamente pues se estará reclamando una indemnización monetaria.


En tercer lugar, que los daños se han sufrido precisamente como consecuencia de, o a causa de, la deficiente calidad del suministro. 


Hasta ahí llegará la obligación probatoria que pesará sobre la PYME que reclame indemnización.


Tras ello, como se apuntó en el precedente apartado 3, la distribuidora, de quien se presume su responsabilidad, tendrá que probar que el hecho causante de la interrupción le es ajeno.


A pesar de esa presunción de responsabilidad que pesa sobre la distribuidora, es indudable que la PYME puede encontrar dificultades de prueba. Si no siempre será sencillo acreditar el microcorte o la bajada de tensión (la prueba de testigos se impondrá aquí en muchos casos o, quizás, una prueba pericial que justifique que los daños no pudieron tener otra causa que una deficiente calidad del suministro), también puede haber dificultades en la cuantificación del daño o en la acreditación de la citada relación de causalidad entre hechos sucedidos y daños.


Sin embargo, en los numerosos casos en que no existan las apuntadas dificultades probatorias la reclamación a la distribuidora partirá de la evidente ventaja que supone la presunción de responsabilidad de ésta última.


Conclusión: la reclamación de indemnización por daños habidos como consecuencia de una deficiente calidad del suministro eléctrico ha de formularse ante los tribunales de la jurisdicción civil probando circunstancias muy concretas, sabiendo que también la parte demandada tiene el deber de probar su falta de responsabilidad.


U. e. s.


Ramón Alegre Espert 





Comentarios
manuelperez@bioarag.es
28/12/16 18:07
legislación
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