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Discriminación por razones de etnia en la instalación de contadores eléctricos
12/08/2015
Discriminación por razones de etnia en la instalación de contadores eléctricos Me ha sorprendido una noticia aparecida en la prensa hace unos días (aquí), que trataba del fraude eléctrico en España. El artículo, titulado “Las empresas y las urbanizaciones son las que más roban energía eléctrica”, utilizando datos de Endesa e Iberdrola, explica que, frente a lo pueda pensarse, los mayores defraudadores de electricidad son industrias, empresas de servicios y urbanizaciones residenciales de cierto nivel económico. No son, pues, los pequeños consumidores en riesgo de exclusión o en situación de necesidad los que más defraudan. 
Y en relación con esta noticia que afecta al fraude eléctrico en nuestro país, me ha llamado la atención una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 16 de julio de 2015 (asunto C-83/14), en la que se aborda si la medida para evitar el fraude de electricidad, consistente en instalar contadores a una altura inaccesible en un barrio de una ciudad Búlgara, poblado por personas de etnia gitana, constituye una discriminación basada en el origen étnico.
La cuestión de fondo es que la empresa distribuidora de electricidad (CHEZ RB), por la desconfianza en los vecinos de este barrio mayoritariamente de etnia gitana, instaló los contadores de todos los clientes del barrio en postes del tendido eléctrico aéreo, a una altura de seis o siete metros, mientras que en otros barrios los contadores se instalaron en las propias viviendas de los clientes, a una altura de 1,70 m.
Lo curioso del asunto es que la promotora de la reclamación, la señora Nikolova, vecina del barrio y titular de un pequeño comercio, no era de etnia gitana a pesar de lo cual se quejaba que ella misma era víctima de la discriminación que sufrían el conjunto de los vecinos, lo que le impedía observar su contador para controlar su consumo y comprobar la exactitud de las facturas. 
El tribunal búlgaro remitente plantea varias cuestiones prejudiciales. La primera de ellas está relacionada precisamente con la circunstancia de que la promotora de la queja, la señora Nikolova, vecina del barrio, no fuese de etnia gitana. Y lo que pregunta el tribunal remitente es si el concepto de “discriminación basada en el origen étnico” en el sentido de la Directiva 2000/43, del Consejo, de 29 de junio, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, es aplicable al caso al ser la denunciante una persona que no era de etnia gitana. El TJUE en la sentencia dictada es concluyente al respecto y responde que el concepto de “discriminación basada en el origen étnico”, teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes, es aplicable “… con independencia de que esta medida colectiva (instalación de contadores a una altura inaccesible) afecte a las personas que tienen un origen étnico específico o a las que sin tener ese origen, sufren junto con las primeras el trato menos favorable o la desventaja particular derivada de esa medida”,
Se plantea también el tribunal remitente si la Directiva 2000/43 -artículo 2, apartado 2, letra a)- debe interpretarse en el sentido de que una medida como la práctica discutida puede crear una situación en la que unas personas sean objeto de un “trato menos favorable” que otras personas en “situación comparable”, por razones de origen étnico, de manera que la medida adoptada diera lugar a una discriminación basada en ese origen. A este respecto se establece en la sentencia que es suficiente que el origen étnico haya determinado la decisión de establecer un trato menos favorable para que exista discriminación directa en el sentido establecido en la citada Directiva. Y se añade que cuando una persona que se siente tratada desfavorablemente por razón de su etnia acredite ante un tribunal u otro órgano competente hechos que permitan presumir la existencia de discriminación, incumbe a la parte demandada demostrar que no se ha vulnerado el principio de igualdad.
Al hilo de lo expuesto, la sentencia del TJUE considera que es al tribunal remitente al que corresponde valorar a la vista de los hechos denunciados y de las circunstancias concurrentes si existe una presunción de discriminación directa basada en el origen étnico. Eso sí, asegurándose que la denegación de información por la demandada –compañía eléctrica-  no frustre la realización de los objetivos de la Directiva.
Y para ayudar al tribunal remitente a hacer una valoración adecuada de los hechos que pudieran ser determinantes de una presunción de discriminación directa por razones de origen étnico, se recuerda en la sentencia lo siguiente: 1) que la empresa distribuidora estableció la practica discutida sólo en barrios urbanos habitados mayoritariamente por nacionales búlgaros de origen gitano; 2) que esta empresa afirmó creer que los daños y conexiones ilícitas son obra principalmente de esos nacionales de origen gitano, pero no aportó ninguna prueba al respecto argumentando que estos hechos eran de notoriedad pública y 3) se destaca el carácter forzoso, generalizado y duradero de la práctica discutida, que se extendió a todos los habitantes del barrio, independientemente de si se habían manipulado los contadores o habían servido para conexiones ilícitas, manteniéndose la medida un cuarto siglo después de haber sido establecida.
Con todo ello el TJUE, sin llegar a pronunciarse, porque no le corresponde, le sugiere al tribunal remitente que hay base para apreciar una presunción de discriminación directa, por lo que la aplicación efectiva del principio de igualdad consagrado en la Directiva 2000/43 exige que la carga de la prueba recaiga en el demandado quien tiene que demostrar que no hubo vulneración de este principio.
Sigue diciendo la sentencia, en contestación a otras cuestiones prejudiciales planteadas, que aun cuando el tribunal remitente no considerase que la práctica discutida constituyese una discriminación directa basada en el origen étnico, dicha práctica podría constituir una discriminación indirecta. Y ello dado que aun suponiendo que la medida hubiese sido adoptada por razones técnicas, con la única finalidad de reaccionar frente a los fraudes eléctricos cometidos en el referido barrio, afectaría en proporciones mucho mayores a personas de etnia gitana. Con la consecuencia de que supondría una clara desventaja para estas personas con respecto a personas que no tengan este origen étnico, reflejada en el carácter ofensivo y estigmatizador de la medida y en el hecho de dificultar al consumidor comprobar el contador y controlar su consumo.
Plantea, por último, el tribunal remitente si la practica discutida puede justificarse objetivamente por el propósito de garantizar la seguridad de la red de transporte  de electricidad y de hacer un seguimiento apropiado del consumo de electricidad. En relación con esta cuestión la sentencia del TJUE señala que estos son objetivos legítimos que, en principio, podrían justificar la práctica discutida. Ahora bien, se precisa que en primer lugar la empresa eléctrica tendría que acreditar que efectivamente se han producido y se siguen produciendo manipulaciones en los contadores existentes en este barrio. Y, además, se le sugiere al tribunal búlgaro que valore si los objetivos perseguidos de proteger la red de transporte no podrían conseguirse con otras medidas más apropiadas y menos restrictiva. 
En cualquier caso, el TJUE considera que aunque no pudiesen adoptarse otras medidas, la práctica discutida es desproporcionada atendiendo los objetivos que con ella se persiguen y la dignidad de los vecinos del barrio que se ven ofendidos y estigmatizados por esta medida.
Para concluir, y a las vista de lo que sucede en España, quizás se le podría recomendar a la empresa eléctrica búlgara que comprobase si realmente el problema del fraude eléctrico lo tiene en estos barrios o resulta que son otros los defraudadores.

Pedro Corvinos Baseca


Comentarios
Mercedes López Valbuena
14/08/15 08:51
Realmente lo que más me gusta es la conclusión final.
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